Ocupación conflictiva

Los vecinos de la Rambla-Eixample, en la zona de la calle República Argentina, entre la escuela Montserrat i la estación de FGC, sufren la problemática, el miedo e inseguridad de la ocupación conflictiva de un piso en dicha calle. Lanzamientos de objetos a la vía pública, amenazas, sospechas de trapicheos, peleas en plena calle, robo de la luz a la comunidad, obras en la terraza y objetos en el tejado sin permiso de la comunidad. Se escuchan palizas dentro de la vivienda.

Sospechas de múltiples ocupaciones. Ya que todo y ya estar okupando un piso en el mismo edificio, se suceden paralelamente los siguientes sucesos: el 3 de mayo pasado, delante de la policía intentó entrar en un piso del mismo edificio. El 26 de julio, gracias a la colaboración policial, el okupa en cuestión sacó algunos objetos con los que tenía ocupado el local que hay en el mismo edificio y que los tenía allí sin el permiso del propietario. De esta forma, la propiedad pudo recuperar el local. Recientemente y coincidiendo con la recuperación por parte de la propiedad de otro piso en el mismo edificio, posteriormente a dicha recuperación los vecinos del barrio lo vieron hasta tres veces acceder a los balcones y terrazas del piso recuperado por la propiedad. La última vez, el 20 de octubre pasado cuando tuvo que intervenir la policía y los Mossos porque tras intentar entrar en dicho piso, amenazó con una pistola a un operario de la propiedad que estaba reforzando los posibles accesos al piso y limpiándolo. Los comentarios que ha hecho a algunos vecinos:

“Voy a ocupar todos los pisos”

“Piso que quede vacío será ocupado”

“Voy a quemar el edificio”

El bloque situado en la calle República Argentina lleva sufriendo las okupaciones conflictivas desde 2018/2019. Los diferentes objetos encontrados y el modus operandi generan sospechas de que detrás estén bandas organizadas en pro de la ocupación ilegal para luego ser realquilados, o usados para actividades turbias. La forma de cómo se enganchan a los suministros de luz, gas y agua ya sea de la propia comunidad de vecinos o de los contadores de luz y gas de la compañía energética, deja claro que les da igual lo que pueda pasar con los vecinos, no tienen ningún escrúpulo en poner en riesgo de incendio y explosión a toda una comunidad de vecinos.

Los hechos han sido comunicados a policía, Mossos, y Ayuntamiento. Las leyes que buscan proteger las ocupaciones de pisos por familias vulnerables tienen muchas lagunas, ambigüedades poco acotadas, y sin apenas medios, que dan lugar a que las mafias y ocupaciones conflictivas se produzcan y perduren un largo periodo de tiempo. Ya que el Estado no pone medios para poder identificar una ocupación conflictiva, dejando en manos de los vecinos demostrarla, con la dificultad, riesgo de vida e inversión económica que esto conlleva.

Ya que cometen delitos, se esconden en sus respectivos pisos y claro, la policía llega y no les abren la puerta. Por lo que en un juicio si no hay pruebas (testigos, grabaciones, o que la policía los pille infraganti) prevalece la presunción de inocencia. Además de que hay determinadas acciones que el juez no las considera delito, como por ejemplo los objetos en el tejado. Pero el día que venga una fuerte ventada y caiga en la cabeza de alguien, ¿qué pasará?

Todos recordamos de niños, nuestros barrios de familias trabajadoras, donde salíamos y jugábamos en el parque, paseábamos en familia sin miedo, y todos los vecinos nos conocíamos, y ahora volvemos a esos barrios y vemos como las leyes que supuestamente han sido hechas para proteger ocupaciones de familias vulnerables lo que hacen es favorecen la ocupación ilegal conflictiva y han trasformado estos barrios en auténticos guetos de delincuencia y tráfico de drogas. Los vecinos de este barrio de Olesa temen que esto suceda en su barrio y les sorprende la lentitud de la propiedad y juzgados para las ejecuciones de desalojo. El último que desalojaron estuvo alrededor de cinco años. Está claro que el sistema no funciona y de eso se aprovechan las mafias.

Con lo fácil que sería construir vivienda social o adquirir los pisos de los fondos y bancos por parte del Estado y llevar una buena gestión de ellos, poniendo medios, o mediar como Estado entre las partes vendedora, compradora y banco para definir una cuota que la familia pueda pagar y adquirir la vivienda. Pero claro, el nivel de endeudamiento del país no lo permite y estamos a merced de grandes fondos extranjeros que tienen más viviendas en Cataluña que la propia Generalitat, y, además, más poder económico. Y este hecho está destrozando barrios enteros, porque se anteponen los intereses económicos de unos pocos por delante del bien de la mayoría.

Grupo de vecinos y vecinas del barrio

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